Convocatoria Premio Bibliotecaria(o) Destacada(o) 2015

CONVOCATORIA

Se invita a la comunidad bibliotecaria a la presentación de candidatos para el Premio Bibliotecario(a)Destacado(a) 2015, el cual se entregará por primera vez en tres categorías,con el fin de reconocer los aportes realizados por un bibliotecario o  bibliotecaria al desarrollo de la profesión en nuestro país desde las distintas esferas, que a continuación se detallan:

DOCENCIA

Destacada actuación en el ejercicio de la profesión a través de la docencia, de pre y postgradoen Bibliotecología o Ciencias de la Información.

INVESTIGACION

Participación o desarrollo de trabajos de investigación en Bibliotecología o Ciencias de la Información que hayan aportado o generado nuevos  conocimientos o solución de problemas en unidades, redes o sistemas de información bibliotecarias.

GESTION

Haber realizado aportes significativos al país mediante los resultados de su gestión, los cuales hayan beneficiado a la profesión o se haya resaltado la imagen de la Bibliotecología. Se incluyen en esta categoría los directivos o jefes de instituciones de información.

Todas las propuestas deben ser fundamentadas adecuadamente con testimonios claros de las razones por las que se propone a una persona.

Se convoca a la comunidad profesional asociada al Colegio para que presente sus candidatos al Premio Bibliotecario(a) Destacado(a) del año 2015, en las categorías que se han mencionado. Cada asociado(a) podrá proponer al menos, (1) un profesional en cada una de las categorías.

BASES DE LA CONVOCATORIA:

  1. Cada asociado(a) puede proponer al CBC solo un(a) candidato(a) en cada categoría, y éste puede o no estar inscrito en la asociación.

 

  1. La propuesta debe incluir: nombre completo del candidato(a) y una reseña debidamente fundamentada, de su aporte en el campo de la Bibliotecología o Ciencias de la Información (máximo 500 palabras) en la categoría para la cual se propone, firmada por el profesional colegiado con su nombre completo.

 

  1. La votación se realizará exclusivamente vía correo electrónico a través de un sistema de votación en línea que el CBC implementará  para ello.

 

  1. Los (las) nominados(as) que obtengan el mayor número de votos serán merecedores(as) de esta distinción que otorga el Colegio y sus asociados a los profesionales del área de la Bibliotecología y Ciencias de la Información.

 

  1. En caso de empate en cualquiera de las categorías, el Consejo General, en su sesión ordinaria decidirá entre los candidatos que lleguen a esta instancia.

 

  1. Los miembros del Consejo General en ejercicio, no pueden ser postulados a dicha distinción.

 

  1.  El plazo de recepción de los nombres de los candidatos(as) regirá desde el lunes 4 de mayo hasta el sábado lunes 18 de Mayo a las 24:00 hrs.

 

  1. El proceso de votación con el listado de bibliotecarios(as) nominados para el premio se realizará entre el lunes 1 y el domingo 14  de Junio a las 24.00 hrs.

 

  1. Cada bibliotecario(a) asociado(a) y con sus cuotas al día podrá votar por un(a)  candidato(a) de cada una de las categorías propuestas.

 

El Premio se entregará en sesión solemne, durante la conmemoración del Día del Bibliotecario que se realizará el viernes 10 de julio de 2015, en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales.

Atentamente,
Leslie Villanueva Flores
Secretaria General Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.
cbc@bibliotecarios.cl
colegiobibliotecarioschile@gmail.com

Cuenta Anual 2014-2015

 Estimados(as) Asociados(as):
Adjunto encontrarán informe anual y balance general, correspondientes a la gestión realizada por el Consejo General durante el año 2014. Informes aprobados por los asistentes a la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 29 de abril en la sede del CBC.
Para consultar cuentas anteriores: Cuentas anteriores

 

 

Atentamente,
Consejo General Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.

Noticias desde la ONG Derechos Digitales

TPP en Chile: Un historial de promesas sin cumplir

Posted: 23 Apr 2015 02:46 PM PDT

El prometido Cuarto Adjunto no ha logrado ayudar a definir las posiciones del país en el Tratado Transpacífico. Mientras se viven horas claves para el futuro del acuerdo, se hace más claro que no se trata de una negociación comercial, sino de un modelo de construcción de políticas públicas desde una élite.

 

Un par de semanas luego de asumir la Presidencia de la República por segunda vez, Michelle Bachelet anunció la creación de un ‘cuarto adjunto’ a propósito de las negociaciones el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP). El objetivo de este espacio, de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, DIRECON, era ayudar a definir las posiciones de Chile en esta negociación, la que lleva más de cinco años de desarrollo de manera reservada, con muy pocas luces de su alcance para el público y para buena parte de los representantes en el Congreso.

El programa de gobierno de la Presidenta, hoja de ruta para buena parte de las reformas estructurales que son hoy parte de la discusión política local, hacía expresa mención al tratado TPP, señalando:

Tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero.

 

Preocupación por la urgencia, el interés de Chile, una revisión exhaustiva, que no sea una renegociación indirecta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y debilitar acuerdos ya establecidos, daban la nota respecto de las preocupaciones de la coalición hoy en el gobierno respecto de un tratado que, a la fecha, aún sigue siendo desconocido para buena parte de la población y la clase política y sus alcances aún por visualizar. A más de un año del establecimiento del ‘cuarto adjunto’, cabe revisar si éste ha servido para ayudar a definir las posiciones del país ante un tratado que hoy se juega momentos claves tanto en Estados Unidos como en los países de la región que han sido parte de la negociación.

El denominado ‘cuarto adjunto’ no es un cuarto, sino varios. Cada uno de ellos sectoriales (Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Empresas del estado, Medio Ambiente, Acceso a Mercados y Asuntos Laborales), y con distintos actores y representantes y a quienes se le entrega información particular de cada uno de los sectores y se les hace ver la posición de Chile en cada uno de estas materias. En ninguna de estas mesas hay una metodología clara que lleve a posiciones informadas ni tampoco hay participación activa de la sociedad civil, a menos que entendamos que ella incluye también a los gremios empresariales. ¿Ha servido el cuarto adjunto para desacelerar la negociación? ¿Ha servido el cuarto adjunto para hacer una revisión exhaustiva de los beneficios del tratado en Chile? En lo sustantivo, ¿ha cambiado en algo el escenario de fondo en estos meses? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no.

El problema con el TPP es tanto técnico como político. En lo técnico, ha sido posible analizar los alcances a través de un par de textos filtrados por Wikileaks y muchas organizaciones sociales han levantado alertas en todas partes del mundo, incluyendo latinoamérica, respecto del impacto que tendrán estos textos en aspectos tan sensibles para el desarrollo económico de nuestros países como son medio ambiente, comercio electrónico, rol de las empresas del estado, derechos de la salud, acceso a medicinas o propiedad intelectual. Internet, por su parte, una vez más parece ser un espacio en disputa, donde el ímpetu regulatorio exterior estadounidense es más fuerte que las escaramuzas negociadoras de países con poder económico limitado en la arena internacional. Nuestros derechos son la moneda de cambio de este nuevo modelo de comercio internacional.

Pero el problema, al menos hoy, es fundamentalmente político. Ni Estados Unidos parece allanarse a un modelo diferente al de una negociación cuyo éxito parece estar gobernado por eventuales acuerdos arancelarios bilaterales entre potencias económicas (EEUU y Japón), antes que los intereses comerciales de países en desarrollo y esferas de influencia diferentes (Chile, México, Perú). Por su parte, Chile sigue apareciendo como un actor aislado en la negociación en buena medida porque es el único país de la mesa que ya tiene acuerdos con cada uno de ellos. Cualquier negociación adicional, para Chile significa re-negociar los tratados actualmente vigentes. Esto sin contar el controvertido mecanismo de certificación, que supone que la implementación del tratado va a estar supervisada desde Estados Unidos, dejando poco espacio para la decisión de los representantes electos por la ciudadanía en los Congresos Nacionales.

¿Es este el costo que queremos pagar por ser parte de una negociación donde hay poco espacio para negociar? ¿Está Chile dispuesto a renunciar a la soberanía regulatoria por acceso a mercados? ¿Está Chile en condiciones de convencer al Senado y la Cámara de Diputados de la conveniencia de un Tratado negociado en secreto y a espaldas del propio Congreso Nacional? Estas son preguntas claves que el Gobierno de Chile debiera responder, sobre todo dada la delicada situación actual de desconfianza en las instituciones políticas.

Porque este acuerdo no es una negociación comercial, es el reconocimiento de un modelo de construcción de políticas públicas desde una élite, con la venia de los gremios empresariales extranjeros,  construido, discutido y prontamente firmado en completo secreto y oscuridad.

Chile: Diputados modifican redacción del polémico “proyecto de ley de medios digitales”

Posted: 23 Apr 2015 12:41 PM PDT

Pese a la férrea resistencia de sus autores, se acogieron los reparos de Derechos Digitales a los proyectos de ley que modificaban la ley de prensa. Próximamente los proyectos serán votados en la Sala de la Cámara de Diputados.

 

A principios de año se generó una gran discusión en la opinión pública a propósito de dos proyectos que pretendían modificar la ley de prensa y que, debido a una técnica legislativa deficiente, posibilitaban la afectación de la libertad de expresión en Internet.

El llamado “proyecto de ley de medios digitales” en realidad correspondía a dos boletines (números 9460-19 y 9461-19), presentados en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que  establecía una serie de requisitos y obligaciones para los medios de comunicación en Internet, como los periódicos digitales; pero dado la amplia definición de medio de comunicación en la ley chilena, en la práctica podía ser extensivo a cualquier plataforma web.

Pese a que los promotores del proyecto insistieron en su buena voluntad a la hora de proponer la reforma y negaron los potenciales peligros del intento legislativo (denunciados por distintas organizaciones profesionales y sociales) ambos proyectos fueron retirados de su votación en la Cámara de Diputados, para volver a ser revisados por la Comisión de Ciencia y Tecnología y así mejorar su redacción.

Hace algunos días se dio a conocer el detalle del  informe de la Comisión, que esta vez fusiona ambos proyectos e incluye una redacción diferente a la que fue objeto de críticas, estableciendo que:

“Bajo ningún aspecto, las diferentes plataformas digitales se considerarán ‘diario’ de conformidad a esta ley, sin el consentimiento expreso de sus propietarios.”

Esta indicación evita los problemas que ilustramos anteriormente, es decir quien posean una plataforma web deberán expresar su voluntad de ser considerado un medio de comunicación y así tener derecho a los beneficios que propone el proyecto de ley, cumpliendo además con las imposiciones que exige.

Quizás sea necesario recordar que las leyes no se evalúan ni se aplican de acuerdo a lo que uno y otro redactor quiso o pretendió lograr, sino a lo que efectivamente dice la ley.

Lo interesante es que fue solo después de las críticas públicas -que incluyó al Colegio de Periodistas, el Colegio de Ingenieros y NIC Chile, entre otros- que los honorables aceptaron volver a estudiar la confusa redacción de los proyectos propuestos. Anteriormente, Derechos Digitales tuvo la oportunidad de exponer estos reparos directamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero el mensaje técnico solo fue recibido luego de la presión social y ciudadana, tanto en línea como a través de medios tradicionales.

Quizás otro aprendizaje es la necesidad de más transparencia y apertura en la toma de decisiones, para evitar consecuencias no previstas por los legisladores al momento de redactar sus proyectos de ley.

De cualquier manera, la modificación es pertinente. No obstante, una reforma más profunda y seria a la Ley de prensa sigue siendo necesaria. Los proyectos de ley propuestos no se hacen cargo sus múltiples falencias, como la definición de ‘medios de comunicación’, la concentración de medios en Chile, las condiciones laborales de quienes ejercen el periodismo -sean o no profesionales del rubro- los requisitos para que opere la reserva de fuentes periodísticas, entre otras más.

Estos proyectos, ni ahora ni con la redacción original, van a resolver las profundas carencias que actualmente tiene la ley de prensa.

La protección y el fortalecimiento de la libertad de expresión es fundamental para la sociedad, ya que fortalece el debate de ideas propio de la democracia moderna. Internet, como herramienta, ha fortalecido este derecho. Por ello es importante que la regulación que se proponga no constituya un obstáculo para el ejercicio de esta garantía fundamental, cualquiera sea la razón que el legislador de turno esgrima, y aun cuando se trate de consecuencias inesperadas.

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Atte.

Josefina Reyes
Comisión Propiedad Intelectual